La Inteligencia Artifical (IA) ya es parte del día a día de las organizaciones en Brasil. Desde grandes bancos, sistemas educativos o pequeñas empresas utilizan esta tecnología. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Información y Comunicaciones (MCTIC) lanzó una consulta pública (cerrada en enero) para definir la llamada Estrategia Nacional de IA.

El Programa consiste en debatir formas de potenciar los beneficios de la tecnología y mitigar sus efectos negativos, explica desde el Ministerio. Actualmente se encuentra en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 21/20, que crea el marco legal para el desarrollo y uso de la IA por parte del gobierno, las empresas, diversas entidades y los particulares.

La propuesta será examinada por las comisiones de Ciencia y Tecnología, Comunicación e Informática; Trabajo, Administración y Función Pública, y Constitución y Justicia y Ciudadanía, informó el miércoles la agencia House.

Derechos, deberes e instrumentos de gobernanza para la IA

«El texto establece principios, derechos, deberes e instrumentos de gobernanza para la IA», defiende el autor del proyecto, el diputado Eduardo Bismarck (PDT-CE).

Entre otros puntos, establece que el uso de la IA se basará en el respeto de los derechos humanos y los valores democráticos, la igualdad, la no discriminación, la pluralidad, la libre empresa y la privacidad de los datos. Además, tendrá como principio la garantía de transparencia sobre su uso y funcionamiento.

El objetivo, explica, es dotar al país de una legislación que fomente la IA y proteja a los ciudadanos del mal uso de la misma. «Necesitamos una edición de la legislación que haga obligatorios los principios consagrados a nivel internacional y que discipline los derechos y deberes», añade el diputado.

Agentes de IA

El texto presentado por Bismarck contempla la figura del agente de IA. Ésta puede ser tanto el que desarrolla y despliega un sistema de IA (agente de desarrollo) como el que lo opera (agente de operación).

Los agentes de la IA tendrán una serie de obligaciones, como ser legalmente responsables de las decisiones tomadas por un sistema de IA y garantizar que los datos utilizados cumplen con la Ley General de Protección de Datos (LGPD). La norma regula el tratamiento de datos personales de clientes y usuarios de empresas del sector público y privado.

La propuesta también contempla los derechos de los agentes de la IA y de todas las personas afectadas por los sistemas de inteligencia artificial (llamados «partes interesadas» en el proyecto). Entre ellos, el acceso a la forma en que los sistemas utilizan los datos personales sensibles, como los datos genéticos.

Por último, el proyecto también prevé la creación del informe de impacto de la IA. Un documento que será elaborado por los agentes en el que se describe la tecnología, incluida la gestión de riesgos y las medidas de contención. La publicación del informe puede ser solicitada por el gobierno, que también puede recomendar la adopción de normas y mejoras en la tecnología.