El envejecimiento de la población no solo afecta a las sociedades occidentales, sino que poco a poco traslada sus efectos países actualmente más jóvenes, como los de América Latina. Las previsiones a largo plazo así lo confirman: el ratio de personas en edad de trabajar (entre 20 y 64 años) y en edad de retiro (mayores de 65 años) en Sudamérica pasará  de una relación 6,6 este año a 2,3 dentro de 40 años.

Así lo reflejan las previsiones del informe ‘Envejecimiento poblacional’, realizado por el Servicio de Estudios de MAPFRE y que aborda la situación actual y de futuro de los sistemas de pensiones y de salud de países de todo el mundo, incluidos América Latina y Caribe.

Es cierto que el citado no alcanzará en la región porcentajes similares a los de países como España (en 2059 habrá menos de 1,5 personas en edad de trabajar por cada jubilado, con el evidente riesgo para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones), pero sí confirma una tendencia a la baja que dejará a los países de América del Sur en tasas próximas a las de los países más envejecidos en el muy largo plazo (a finales de siglo).

Es más, a partir 2079, la región presentará una relación inferior a 2 entre personas en edad de trabajar y jubilados por debajo.  “Esta información -se indica en el informe- confirma con claridad el proceso progresivo de reducción de los ratios de dependencia a nivel global previsto para las próximas décadas”.

Reformas «socialmente aceptables y económicamente eficaces»

Insisten los autores del estudio en que, a la vista de la transición demográfica y de la situación económica mundiales, “no parece aventurado afirmar que ningún sistema de pensiones y de salud está libre de la necesidad de reformas para garantizar el mejor cumplimiento de sus compromisos sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas o el crecimiento y la competitividad de la economía”.

Estas reformas, apuntan, deberían venir  acompañadas de un adecuado análisis, así como de información suficiente y clara que permita conocer su alcance y valorar su justificación. “El consenso político sobre las exigencias básicas que deben cumplir los mercados laborales y los sistemas de pensiones y de salud para generar confianza constituye probablemente la mejor base para avanzar en el diseño de reformas socialmente aceptables y económicamente eficaces”, se concluye.