La llegada al poder de AMLO el pasado mes de enero junto con la revisión de la política comercial de EE UU habían generado, a lo largo del año pasado, múltiples incertidumbres sobre las posibles repercusiones negativas para algunos sectores de la economía mexicana como el asegurador pero, ¿aún hay fundamento para la desconfianza?

A este respecto, Crédito y Caución ha dado a conocer un análisis de situación en el que considera “improbable” un deterioro abrupto de la economía mexicana. Menciona, especialmente, el aval que supone la firma de un nuevo acuerdo comercial con su vecino del norte, un mercado al que se dirige el 80% de sus exportaciones y del que recibe remesas equivalentes al 2% del PIB mexicano.

La aseguradora de crédito recuerda asimismo que, desde 1994, México ha registrado un crecimiento medio del PIB real del 2,6%, en un contexto de baja inversión y productividad. Ahora bien, aunque las dudas sobre el futuro comercial de México han disminuido, “crecen las incertidumbres sobre su política económica, lo que podría empeorar las inversiones en 2019”.

En 2018 la estabilidad del consumo privado y la aceleración de las exportaciones compensaron las menores inversiones, “pero este podría no ser el caso en 2019”, se plantea la aseguradora. “El peso mexicano, la moneda de un mercado emergente más negociada del mundo, es muy vulnerable a las oscilaciones de la confianza de los mercados. Las preocupaciones sobre las políticas de la nueva Administración y la política monetaria de Estados Unidos están afectando ya a la moneda. Se espera que el tipo de cambio del peso se mantenga volátil en 2019”. En todo caso, las fluctuaciones en el tipo de cambio “servirán como un amortiguador para la economía”.

 

Reforma de las pensiones

En cuanto al sector asegurador, el mes pasado se presentó en el Congreso una propuesta para modificar el sistema por el que las administradoras de fondos de pensiones (Afores) gestionan unos de 3,31 billones de pesos (173.360 millones de dólares) en activos.

Así al menos lo considera Fitch, aunque la agencia de calificación está a la espera de conocer los detalles concretos de una medida que podría suponer menores costes y una regulación más racional, según informa Reuters.

Otra medida de la aún no se puede conocer el impacto definitivo es la cancelación del seguro médico del que disfrutaban cerca de 700.000 funcionarios de la Administración mexicana y que entró en vigor el pasado 1 de enero.

El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Manuel Escobedo, calculaba hace unas semanas que la supresión de este beneficio representaba la cancelación de 2% del total de primas contratadas. «En lo inmediato, significa una reducción en el mercado de gastos médicos mayores y en su caso pudiese verse afectado el de vida, pero tenemos que ver cómo se reconfigura el sector», dijo el presidente del organismo en declaraciones que recogía el periódico ‘El Siglo de Torreón’.

Con esta medida, el nuevo gobierno mexicano se ahorrará en torno a unos 3.000 millones de pesos (158 millones de dólares).

Escobedo añadió que las aseguradoras están adaptándose al cambio y desarrollando nuevos productos para tratar de atraer a los funcionarios que quieran seguir costeando de su bolsillo el producto. Al cierre del tercer trimestre de 2018, las primas de gastos médicos mayores totalizaron 56.124 millones de pesos (2.957 millones de dólares), un 12,8% más que en 2017.