Chile trabaja para agilizar el desarrollo de un marco regulatorio para Fintech y Open Banking. Para ello, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) anunció el envío al Ministerio de Hacienda de un anteproyecto que busca otorgar un marco jurídico a las plataformas de financiamiento colectivo (‘crowdfunding’) y a la industria de tecnología financiera (‘fintech’).

La Comisión estima que un diseño de regulación proporcional, neutral a la tecnología, integral, flexible y modular del marco jurídico permitirán promover la innovación, la inclusión financiera, el desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento y aumentar la competencia en el mercado financiero, a la vez que se resguarda el interés de ahorrantes e inversores.

Por otro lado, desde el comunicado, la Comisión entiende que el mundo Fintech es más amplio del que se espera regular con este anteproyecto de Ley, por lo que seguirá avanzando en el diseño de propuestas complementarias.

Cinco pilares

El anteproyecto anunciado se basa en cinco pilares:

  1. Proporcionalidad. Las exigencias que el regulador impondrá a los actores del mercado serán proporcionales al riesgo inherente a cada actividad que se desarrolle.
  2. Neutralidad. Buscará evitar asimetrías basadas en el uso de tecnología por parte de las entidades reguladas.
  3. Integralidad. Intentará regular aspectos conexos al crowdfunding y fintech.
  4. Flexibilidad. Permitirá la coexistencia de distintos negocios y su evolución, sin requerir modificaciones normativas constantes.
  5. Modularidad. LReconicerá que el servicio que tradicionalmente se prestaba de manera integral, con la tecnología se puede descomponer y, por tanto, que pudieran existir prestadores de servicios que solo realicen un componente de la cadena de valor del servicio tradicional, razón por la cual las exigencias que la entidad deberá cumplir tendrán directa relación con los distintos componentes (módulos) que vaya a realizar.

Implementación de distintas iniciativas legales:

  1. La creación de un Registro Público a cargo de la CMF en que deberán inscribirse:
    • Plataformas de financiamiento colectivo. Lugar físico o virtual en el que se difundirán necesidades de financiamiento o proyectos de inversión.
    • Sistemas alternativos de transacción. Lugar físico o virtual que permitirá a sus participantes cotizar, ofrecer o transar instrumentos financieros, distinto a las Bolsas de Valores.
    • Enrutadores de órdenes de intermediarios de instrumentos financieros. Quienes recibirán y canalizarán órdenes para la compra o venta de instrumentos de terceros a sistemas alternativos de transacción, intermediarios de valores o corredores de bolsas de productos.
    • Custodios de instrumentos financieros. Entidades que poseerán instrumentos financieros a nombre propio por cuenta de terceros.
    • Asesores crediticios. Quienes proveerán evaluaciones o recomendaciones respecto de la capacidad o probabilidad de pago de terceros.
  1. Se incorporaría un concepto específico de instrumento financiero. Distinto del contemplado en la Ley N° 20.345 sobre sistemas de compensación y liquidación de instrumentos financieros, que comprenderá valores no inscritos en el Registro de Valores de la CMF, tales como instrumentos derivados, contratos por diferencias, facturas y activos digitales.
  2. Modificaciones a otros cuerpos legales. Se introducirían modificaciones relativas a la regulación de bolsas de valores, intermediarios de valores, administradoras generales de fondos y administradoras de carteras. Asimismo, se destacan las siguientes modificaciones:
    • Modificará el requisito de inscripción obligatoria en base a la cantidad de accionistas de una sociedad anónima que hoy se encuentra fijado en 500 accionistas, el que pasaría a un mínimo de 2.000 accionistas.
    • Permitirá la inscripción de valores sin requerir la inscripción conjunta del emisor de los mismos.

Por último, el anteproyecto incorpora también la facultad de la Comisión para exigir que las nuevas entidades reguladas y demás entidades fiscalizadas, habiliten una interfaz de acceso remoto y automatizado (conocido como API) para facilitar el intercambio de información de los clientes, previa autorización de éstos, entre distintos prestadores de servicios financieros. Con esta disposición se incorpora al marco jurídico el denominado «open data».